Acuerdo para fomentar que la reparación de aparatos y dispositivos sea más rentable que la sustitución

El Parlamento Europeo (PE) acordó su posición negociadora sobre la nueva normativa europea del «derecho a la reparación» de productos, que pretende alargar la vida útil de los dispositivos y reducir el impacto medioambiental del consumo masivo.

En su sesión plenaria en Estrasburgo, la Eurocámara fijó por una mayoría absoluta -590 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones- su postura para negociar con los Estados miembros estas nuevas normas, orientadas al fomento de un consumo más sostenible a través de la reparación de productos.

Con ello, buscan facilitar el arreglo de dispositivos para que sea más rentable que su sustitución, tanto si se encuentran dentro como fuera de su garantía legal, lo que incrementaría, asimismo, el ahorro de los consumidores.

Durante el periodo de garantía, los vendedores estarán obligados a priorizar la reparación si resulta más barata o de igual coste que la sustitución del artículo, a menos que no sea factible o conveniente para el consumidor.

En su texto, la Eurocámara propone además ampliar un año la garantía legal de los productos una vez que estos hayan sido reparados, aunque los consumidores tendrán derecho a pedir que se les reparen bienes como lavadoras, aspiradoras, teléfonos inteligentes y bicicletas una vez haya expirado este periodo de protección.

La Comisión Europea (CE) calcula que con esta normativa se podría reducir, en los próximos 15 años, la emisión de 18,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, ahorrar 1,8 millones de toneladas de recursos y evitar la generación de 3 millones de toneladas de residuos.

«Lo que estamos haciendo no es sostenible, vivimos en una economía de mercado en la que, al cabo de dos años, hay que reemplazar los productos. Debemos llevar a Europa hacia un cambio de paradigma y el derecho a reparar es fundamental para ello», dijo el eurodiputado socialista y ponente del informe René Repasi.

Para fomentar la reparación, los eurodiputados abogan por que los fabricantes ofrezcan dispositivos de sustitución en préstamo durante el tiempo que dure el arreglo de los productos dañados y, si no fuera posible repararlos, se podría ofrecer a cambio uno reacondicionado.

También proponen ofrecer a los consumidores bonos y otros incentivos económicos a través de fondos nacionales de reparación, para que estas sean más asequibles y atractivas para la población.

Por otro lado, el Parlamento pretende que tanto los usuarios finales, como los restauradores y reparadores independientes tengan acceso a todas las piezas de recambio, información sobre reparaciones y herramientas a un coste «razonable».

Con esta normativa, Bruselas estima que los vendedores y productores ahorrarán cerca de 15.600 millones de euros en los siguientes 15 años, al reparar los productos en lugar de sustituirlos gratuitamente con la garantía legal, y calcula un considerable incremento de la inversión en el sector, estimado en 4.800 millones de euros.

Una vez que el Consejo adopte su posición, que se prevé para este miércoles 22 de noviembre, ambas instituciones comenzarán las negociación final sobre la propuesta de la Comisión.

Esta propuesta forma parte del Pacto Verde Europeo y complementa otras iniciativas comunitarias en materia de «ecodiseño» y capacitación de los consumidores para lograr una transición verde.