ANÁLISIS: El difícil equilibrio entre intereses ecológicos y agroganaderos

La revuelta del sector primario en Europa contra las directrices de Bruselas ha visibilizado en los últimos días la diferencia de criterios sobre el futuro del campo, entre las ambiciones ecológicas de la UE y las necesidades reales del mundo rural, y no se trata solo de dinero.

Las grandes movilizaciones de Francia y Alemania, con el bloqueo de carreteras y la «invasión» de tractores en París y Berlín junto con la reciente concentración histórica en Bruselas frente al Parlamento Europeo, se han visto replicadas en Bélgica, Italia, Polonia, Rumanía, Grecia y Portugal y, desde este fin de semana a nivel todavía regional, también en España.

Agricultores y ganaderos exigen no solo medidas financieras para compensar la inflación derivada de los enormes gastos generados por la guerra de Ucrania o el retraso -y en algunos casos eliminación gradual- en el pago de subsidios y exenciones, sino la revisión de las políticas medioambientales impuestas en aplicación de la Agenda 2030, defendida a capa y espada por la Comisión Europea de Úrsula von der Leyen.

Las medidas comunitarias, que aspiran a conseguir una actividad más sostenible y respetuosa con el medioambiente, afectan directamente a la Política Agrícola Común (PAC) e incluyen, entre otras, la obligación de reducir los fertilizantes en al menos un 20 % y la de dedicar un mínimo del 4 % de tierra cultivable a «actividades no productivas».

No son las únicas restricciones del sector primario: mucha polémica causó la difícil tramitación de la Ley de Restauración de la Naturaleza que socialdemócratas, verdes, izquierda y liberales defendieron con el objetivo formal de revertir la pérdida de la biodiversidad europea, recuperando para 2030 un 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos dañados.

Las asociaciones agroganaderas, defendidas por las formaciones conservadoras, denunciaron el «fanatismo climático» a la hora de apoyar una normativa que podría poner en peligro la seguridad alimentaria europea, lo que forzó distintas votaciones hasta que la Comisión Europea, el Consejo de la UE y la Eurocámara llegaron finalmente el pasado mes de noviembre a un agónico acuerdo por un puñado de votos.

Las principales ONG ecologistas españolas -Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF- aplaudieron el pacto aunque mostraron su insatisfacción por «las numerosas excepciones incluidas» y «la excesiva flexibilidad» en cuanto a obligaciones concretas de los Estados miembros.

Otro punto complejo es el relacionado con las importaciones de terceros países, a los que no se les exige las duras condiciones de calidad impuestas a los productos europeos, por lo que su precio es más reducido y por tanto competitivo: un tomate marroquí, un limón surafricano o una naranja israelí son paradójicamente más asequibles que los tomates, los limones y las naranjas españolas aunque han sido cultivados con menos garantías ambientales.

Uno de los principales sindicatos agrarios españoles, ASAJA, resumía la petición de sus representados en una frase: «La prioridad es la paralización legislativa ante este ‘tsunami’ de leyes europeas, porque no podemos más, estamos asfixiados».

Esa asfixia ha sido expresada en redes sociales por voces como la del agricultor influyente Juanvi Palleter, que recientemente denunciaba los «momentos difíciles» que atraviesa el sector productivo «por culpa de las políticas de la UE» que «quitan derechos, libertades y soberanía alimentaria» y de los propios políticos españoles, tanto en el Gobierno como en la oposición, que «son la peor clase política» que hay «en Europa y en el mundo».

Por ello pedía «unirse a los movimientos de protesta de otros países europeos» y proponía cerrar una fecha para concentrar la protesta del sector primario a nivel nacional «dejando de lado egos, narcisismos y egoísmos» porque «no se trata de ideología sino de comer y evitar la ruina».

Las protestas de las últimas semanas han conseguido algunas pequeñas victorias para los agricultores como ha sucedido en Francia, donde París ha anunciado la suspensión de su plan para reducir en un 50 % el uso de pesticidas de aquí a 2030, lo que ha desencadenado las críticas de los ecologistas ante lo que consideran «una grave regresión medioambiental».

Con este panorama, el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de junio dependerá muy mucho de lo que suceda en los próximos meses.

InfoSOS, por un mundo sostenible.