Acció Ecologista denuncia la «concentración» de las plantas fotovoltaicas en la Comunidad Valenciana

Acció Ecologista-Agró ha obtenido de la Generalitat los datos de las instalaciones fotovoltaicas repartidas por comarcas de toda la Comunitat Valenciana y una de sus conclusiones es que «solo unas pocas» de ellas, sobre todo en Alicante, han sido el objetivo de las empresas del sector.

De este modo, en la Comunitat, en el mes de agosto se habían aprobado 85 plantas, con una potencia total de 2.190 MW.

Según su origen, 20 plantas las había aprobado la Administración del Estado y 65 la Generalitat; sin embargo, los parques aprobados por la Administración del Estado alcanzaban 1760 MW de potencia, frente a los 459 de las aprobadas por la Generalitat.

En el caso de los parques ya aprobados, se han «concentrado» especialmente en Alicante (1.179 MW), seguido por Valencia (936,70 MW) y en último lugar Castellón, con 184 MW.

Ya en este grupo de parques autorizados, se comprueba que ciertas comarcas son las «damnificadas»: en Alicante es el Vinalopó, con 1000 MW, especialmente el Alto Vinalopó y Villena en concreto. En la provincia de Valencia, la Comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, con 583 MW.

Plantas pendientes de aprobar

Según Acció Ecologista, en agosto se estaban tramitando 321 parques solares en la Comunitat Valenciana, con una potencia total de 7610 MW.

La Administración del Estado tramitaba 29 parques con una potencia de 3.407 MW. Por otro lado, la Generalitat tramitaba 292 parques, con un total de 4.203,19 MW.

Para la asociación, estos datos ponen de manifiesto «que la Administración del Estado tramita muchos más megavatios, con un número muy inferior de parques. Esta es una de las causas de la mayor lentitud de la Generalitat al tramitar expedientes».

Por provincias, en este caso, en Valencia se tramitan 125 instalaciones solares que tienen una potencia total de 2867 MW.

Alicante tiene 135 instalaciones con una potencia de 2589 MW y Castellón 61 plantas con una potencia de 2153 MW. En Castellón se constata la influencia de las plantas de tramitación estatal, que cuentan con una mayor potencia.

Por comarcas, se mantiene la misma tendencia de «concentración» que en las plantas ya aprobadas.

En concreto 13 de las 33 comarcas de la Comunitat concentran 5.956 MW de las 7.610 MW que están en tramitación. Es decir, el 78 % del total de potencia.

En Alicante, este fenómeno es muy visible en las tres comarcas del Vinalopó, que suman 1.446,29 MW, y la Vega Baja, 624,87 MW. En el Alto Vinalopó, y en la Vega Baja, se tramitan plantas por un total de más de 600 MW, cada una.

Por su parte, en Valencia son siete comarcas las que concentran el 90 por ciento de las plantas y potencia en tramitación. Estas son la Vall d’Albaida, los Serranos, la Plana de Utiel-Requena, el Valle de Ayora-Cofrentes, Camp de Turia y Hoya de Buñol.

En Castellón son l’Alcalatén, la Plana Baja, la Plana Alta y parte del Maestrazgo las que recogen la mayor parte de las plantas y potencia generada.

Es importante mostrar como hay dos comarcas especialmente afectadas, tanto en plantas aprobadas como en proceso de tramitación.

Por un lado, estaría el alto Vinalopó, que tiene plantas por una potencia total de 1.471 MW que podrían terminar instalándose en su territorio. De otro, el Valle de Ayora, que asciende a 915 MW.

Por el contrario, algunas comarcas, por unas razones, o por otras, no reciben este tipo de instalaciones. El caso más notorio es el de València, la más poblada y la que menos aporta; en el mismo caso están la Ribera Baixa, la Marina Baixa y la Safor.

Para Acció Ecologista, esta elección de los lugares se realiza por criterios «meramente económicos de precios de suelo bajo, y mayor número de hectáreas disponibles».

«Esta situación es contraproducente, injusta y además ilegal. Para ello hay que partir de que las plantas fotovoltaicas generan muy poco empleo, aproximadamente un empleo cada 100 hectáreas, y esto es menos que lo que genera la agricultura», afirman desde la asociación ecologista.

Además, han destacado que la concentración de plantas tiene efectos negativos en el medio ambiente, al afectar al paisaje (y al turismo), además de a la fauna y a los acuíferos: «El despliegue debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial».

Acció Ecologista-Agró ha llevado a los tribunales a la Generalitat por «la falta de previsión de este mecanismo en la declaración de prioridad energética del Valle de Ayora».