El volumen de alquileres de bicicletas a empresas en Valencia se redujo en 2025, un descenso que llevó al cierre de 10 establecimientos y el despido de 24 trabajadores y que recibió el impacto del sistema público Valenbisi y su abono de un día de 3,99 euros, según la Asociación de Cicloturismo y Turismo Sostenible (Ascitur).
Esta asociación ha publicado un informe del sector que refleja una tendencia negativa generalizada que afecta tanto a la demanda como a la estabilidad empresarial y analiza las previsiones para este año.
El 100 % de las empresas encuestadas declara que su volumen de alquileres disminuyó durante 2025, sin registrarse ningún caso de crecimiento o estabilidad. Este descenso ha impactado directamente sobre la facturación y sostenibilidad económica del sector, según afirma Ascitur en un comunicado.
Durante 2025 se produjeron 10 cierres de establecimientos y el despido de 24 trabajadores, evidenciando un proceso de ajuste especialmente severo en pequeñas y medianas empresas.
Las perspectivas para este año mantienen una elevada incertidumbre. El 46 % de las empresas considera que la demanda seguirá disminuyendo, el 31 % prevé estabilidad y solo el 23 % confía en una posible recuperación.
El 23 % de las empresas afirma que prevé cerrar establecimientos durante 2026, mientras que un 31 % declara no saber si podrá mantener su actividad. Las empresas que anticipan cierres estiman un total de 7 tiendas en riesgo y en el periodo 2025–2026 se podrían alcanzar 17 cierres de establecimientos y 42 empleos destruidos o en riesgo.
El sector identifica el impacto negativo del sistema público Valenbisi sobre la actividad del alquiler privado y el 77 % de las empresas considera que perjudica su negocio, sobre todo la implantación de un abono de 24 horas por 3,99 euros, siempre según el comunicado.
Las empresas señalan que este billete diario ha provocado una sustitución directa del alquiler privado de corta duración, especialmente entre turistas y visitantes urbanos.
Ascitur pide garantizar una competencia equilibrada y revisar el modelo de convivencia entre servicio público y alquiler privado.
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