El sector energético desempeña un papel «relevante» en la transición hacia una economía compatible con la conservación de la naturaleza, pero debe desarrollarse a través de «marcos globales y estatales que garanticen la estabilidad política y regulatoria», según el informe ‘El capital natural y el sector energético española’.
El documento, publicado durante la jornada ‘Integrar la naturaleza en la transición energética: un marco común para el sector’ organizada en Madrid, ha servido de base para definir criterios técnicos compartidos relacionados con impactos, dependencias, gestión de riesgos y reporte entre representantes de grandes compañías energéticas que operan en España: EDP, Enagás, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Redeia y Repsol.
Basado en el enfoque LEAP (Localizar, Evaluar, Analizar, Preparar), el texto estudia la interacción «estructural y multidimensional» del sector energético con la naturaleza, ya que sus actividades «ocupan territorio, utilizan recursos naturales, generan emisiones y dependen de servicios ecosistémicos esenciales para su funcionamiento».
El análisis indica en sus conclusiones que la identificación de impactos y dependencias materiales, y la caracterización de la sensibilidad ambiental de las ubicaciones son factores fundamentales para la buena marcha de la integración entre medioambiente y economía, con especial atención a la dimensión espacial: ubicaciones, áreas de ocupación e influencia y valores ambientales asociados.
Además, subraya que la transición energética reduce las presiones asociadas a las tecnologías convencionales pero incrementa la relevancia de otros factores como la regulación climática, la resiliencia frente a eventos extremos y la interacción territorial con los ecosistemas.
Finalmente, pide aumentar la disponibilidad, calidad, armonización y estandarización de la información sobre las interacciones entre la actividad energética y la naturaleza, desarrollando marcos comunes, métricas comparables y bases de datos robustas.
Restauración de la naturaleza
En este mismo foro, en el que han participado representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Industria, la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho, ha defendido que España y la Unión Europea «deben demostrar que la transición energética puede y debe construirse sobre la protección, conservación y restauración de la naturaleza; no a costa de ella”.
Rodríguez de Sancho cree «muy superado el falso dilema de naturaleza o desarrollo», debate que «estuvo presente en la Cumbre de Río de 1992, donde ya se planteó que en realidad eran dos caras de la misma moneda».
De ahí la importancia de impulsar a nivel nacional en toda Europa el reglamento de la UE de Restauración de la naturaleza para “fortalecer la seguridad energética, invertir en resiliencia y reforzar la adaptación social de la transición energética”, además de servir de apoyo a una transición “justa, rigurosa y verdaderamente sostenible”.
En cuanto a la simplificación introducida a través de los llamados decretos ómnibus, ha pedido «adoptar con cautela» las cuestiones aprobadas, porque «no podemos permitir que la agilización suponga una desregulación» de hecho, ha dicho.
Estrategia industrial
En la misma línea, la directora general de Estrategia Industrial y PYMES, María Teresa Parejo, se ha referido a la integración del capital natural como «una estrategia industrial para competir mejor», ya que permite «invertir con menor riesgo y reforzar la autonomía estratégica europea».
Sin ecosistemas funcionales, ha advertido, «no hay resiliencia climática, ni agua segura para procesos, ni suelo disponible para desplegar energías renovables con aceptación social».
Parejo ha defendido el actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que busca «reforzar la autonomía energética y reducir la dependencia exterior” al alcanzar un 81 % de energía renovable de generación eléctrica para 2030, un 48 % de energía renovable sobre el consumo final y una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 32 % respecto a 1990.
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