Felipe Carrasco: “El calzado alicantino tiene la oportunidad de erigirse en el sector con marca de sostenibilidad”

Liderar la sostenibilidad en el continente. Este es el gran reto del calzado, muy presente en la Comunidad Valenciana y especialmente en la provincia de Alicante al concentrar al 60% del sector, ante la normativa de economía circular que se avecina.

Así lo percibe el secretario autonómico de industria, comercio y consumo de la Generalitat Valenciana, Felipe Carrasco, al asegurar que “el calzado – como otros sectores- afronta un tsunami legislativo que implica más burocracia y carga administrativa, y más costes que pueden reducir la competitividad”. Sin embargo, añade: “el calzado alicantino tiene la oportunidad de erigirse en un sector con marca de sostenibilidad” y “ser un referente en Europa”.

Juega a su favor la experiencia del made in Spain, que el calzado impulsó para reivindicar la calidad de la fabricación nacional, según destacó Carrasco durante la jornada “Economía Circular: la vía más humana y sostenible para las empresas”, celebrada en la sede del Instituto Tecnológico del Calzado, Inescop, en Elda (Alicante), e inaugurada por la consellera Nuria Montes.

Este tsunami legislativo al que se refería Carrasco tiene fecha clave en el calendario: abril de 2025, con la implementación del paquete legislativo sobre economía circular que la UE aprobó en 2018 para reducir, reciclar y consumir menos recursos.

El fabricante tendrá que diseñar pensando en el reciclaje, y por otra parte se convierte en el responsable de poner el producto en el mercado, pagando un impuesto o tasa que, al final, repercutirá al consumidor.

Al igual que ha ocurrido con Ecoembes, en el sector de los envases, el calzado ha lanzado Gerescal, su propio SCRAP – Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor- constituido por fabricantes para canalizar la correcta gestión de los residuos que está pendiente de la legislación que marque su funcionamiento y de la autorización para operar.

Con sede en Elche, lo dirige Rafael Reolid, quien explicaba en esta jornada que es la “solución para que las marcas puedan cumplir la ley adhiriéndose o eco contribuyendo, mediante el pago de una tasa”. “La Unión Europea quiere que el residuo se revalorice y no vaya fuera, ni al vertedero”, añadía.

Entre los presentes, algunos industriales pedían que las cartas del juego sean iguales para todos, en referencia a los productos que vienen de fuera de Europa. España, por ejemplo, importó 296 millones de pares en 2023, según el portal Statista.

Con respecto a una posible flexibilidad, Carrasco decía que en la implementación de la legislación “no va a haber cuenta atrás”, pero “sí se empiezan a ver señales de ralentización en cuanto a la exigibilidad”. Y, aclaraba que “en lo autonómico nuestro gobierno no tiene voluntad de ser más papista que el papa y no vamos a superar los listones que pongan Europa o Madrid”, mostrando su disposición a “reestudiar la normativa autonómica” junto a “clúster y organizaciones”.

Artículo de Kati Ferrero

InfoSOS, por un mundo sostenible.