Liderar la sostenibilidad en el continente. Este es el gran reto del calzado, muy presente en la Comunidad Valenciana y especialmente en la provincia de Alicante al concentrar al 60% del sector, ante la normativa de economía circular que se avecina.
Así lo percibe el secretario autonómico de industria, comercio y consumo de la Generalitat Valenciana, Felipe Carrasco, al asegurar que “el calzado – como otros sectores- afronta un tsunami legislativo que implica más burocracia y carga administrativa, y más costes que pueden reducir la competitividad”. Sin embargo, añade: “el calzado alicantino tiene la oportunidad de erigirse en un sector con marca de sostenibilidad” y “ser un referente en Europa”.
Juega a su favor la experiencia del made in Spain, que el calzado impulsó para reivindicar la calidad de la fabricación nacional, según destacó Carrasco durante la jornada “Economía Circular: la vía más humana y sostenible para las empresas”, celebrada en la sede del Instituto Tecnológico del Calzado, Inescop, en Elda (Alicante), e inaugurada por la consellera Nuria Montes.
Este tsunami legislativo al que se refería Carrasco tiene fecha clave en el calendario: abril de 2025, con la implementación del paquete legislativo sobre economía circular que la UE aprobó en 2018 para reducir, reciclar y consumir menos recursos.
El fabricante tendrá que diseñar pensando en el reciclaje, y por otra parte se convierte en el responsable de poner el producto en el mercado, pagando un impuesto o tasa que, al final, repercutirá al consumidor.
Al igual que ha ocurrido con Ecoembes, en el sector de los envases, el calzado ha lanzado Gerescal, su propio SCRAP – Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor- constituido por fabricantes para canalizar la correcta gestión de los residuos que está pendiente de la legislación que marque su funcionamiento y de la autorización para operar.
Con sede en Elche, lo dirige Rafael Reolid, quien explicaba en esta jornada que es la “solución para que las marcas puedan cumplir la ley adhiriéndose o eco contribuyendo, mediante el pago de una tasa”. “La Unión Europea quiere que el residuo se revalorice y no vaya fuera, ni al vertedero”, añadía.
Entre los presentes, algunos industriales pedían que las cartas del juego sean iguales para todos, en referencia a los productos que vienen de fuera de Europa. España, por ejemplo, importó 296 millones de pares en 2023, según el portal Statista.
Con respecto a una posible flexibilidad, Carrasco decía que en la implementación de la legislación “no va a haber cuenta atrás”, pero “sí se empiezan a ver señales de ralentización en cuanto a la exigibilidad”. Y, aclaraba que “en lo autonómico nuestro gobierno no tiene voluntad de ser más papista que el papa y no vamos a superar los listones que pongan Europa o Madrid”, mostrando su disposición a “reestudiar la normativa autonómica” junto a “clúster y organizaciones”.
Artículo de Kati Ferrero
InfoSOS, por un mundo sostenible.
