Fernando Trénor (EQA): “Las certificaciones ambientales generan confianza, retorno económico y competitividad”

La presión regulatoria de la UE en materia ambiental es tal que ya hay quien habla de ecoansiedad. Pero lo cierto es que cada vez hay más empresas que por propia sensibilidad o por las presiones del mercado están implementando la gestión ambiental. Las certificaciones oficiales son una garantía de esa implementación y combaten el greenwashing que solo genera confusión y competencia desleal. Hemos hablado con Fernando Trénor, responsable del departamento comercial del área de Levante de EQA.

Más cuentas y menos cuentos es un dicho que circula en algunos foros medioambientales y que resulta bastante gráfico para constatar si una empresa realmente está apostando por la sostenibilidad. EQA es una de las certificadoras españolas acreditada para ello. Su responsable del área comercial de Levante, Fernando Trénor, lo resume bien: “El que está midiendo se está preocupando. Lo que no se mide, no se puede controlar. Sin certificación y sin métricas reales lo que estoy fomentando es el greenwashing, el blanqueamiento de la organización con falsos argumentos ecologistas que lo único que hacen es generar confusión y una competencia desleal. Con las certificaciones se trata, sobre todo, de evitar esa competencia desleal y esa confusión en el mercado”.

Con 25 años de vida, EQA ha contado desde el principio con servicios de carácter medioambiental, pero ya en 2004 obtuvieron la acreditación de ENAC para certificar la ISO 14001 -la norma internacional para un sistemas eficaz y responsable de gestión ambiental- y para sistema EMAS -el reglamento comunitario de ecogestión y ecoauditoría-. Con el protocolo de Kioto en 2005 y el mercado de derecho de emisiones, obtienen también la acreditación para la verificación de gases de efecto invernadero, así como para verificar la huella de carbono tras la creación de un registro nacional en el ministerio. En los dos últimos años ha alcanzado los 250 trabajadores, lo que da una idea de a qué velocidad está creciendo la demanda de las verificaciones y certificaciones ambientales en el tejido empresarial español. “Las certificaciones ambientales generan confianza, disminuyen la percepción de riesgo de la actividad de una organización sobre las partes interesadas, genera un retorno económico, demuestra ser más o menos competitivo de cara a una concurrencia, indica compromiso, expresa un impacto en el mejor desempeño de la organización, no solo en el tema económico sino también de funcionamiento y, evidentemente, genera un impacto positivo o, al menos, no genera un impacto negativo en el medioambiente”.

Para ayudar a conseguir todas esas bondades son varias las unidades de negocio de EQA. La de estándares ISO acreditados, la de energía, que incluye los certificados de ahorro energético, muy emergente ahora; o la ISO 50001 que es la de sistema de gestión de eficiencia energética “y que empieza a ser ya un estándar que se está pidiendo en algunas políticas, mecanismos e incentivos públicos”. En RSC verifican las memorias de sostenibilidad y respecto a los fondos Next Generation validan el cumplimiento del principio DNSH (Do not significant harm), que traducido supone la máxima de no causar un daño significativo al medioambiente. “Lo que quiere decir que Europa está cediendo miles de millones de euros al gobierno español para que los utilice con diferentes objetivos, pero siempre se va a exigir algún tipo de cumplimiento y conformidad con este principio; es decir que no se va a invertir en nada que no se demuestre que o no daña al medioambiente o incluso que lo favorece”.

A este respecto, Fernando Trénor aclara las dos exigencias de las directivas de la UE en cuanto a las finanzas sostenibles, el ya mencionado DNSH y la Taxonomía. El primero es una autoevaluación sobre seis principios: mitigación del cambio climático (en relación a la producción de gases de efecto invernadero), adaptación al cambio climático, protección de la biodiversidad, la economía circular en el uso de los recursos, protección del medio marino y prevención del control de la contaminación. “Es una especie de estándar que se ha creado para el pasa o no pasa de los proyectos acogidos a estas ayudas”. En cuanto a la taxonomía supone “asociar qué porcentaje de mis inversiones de capital está vinculado a criterios medioambientales, así como qué parte de mis operaciones está ligada a criterio ambiental. Se están financiando proyectos de I+D+i del CDTI con fondos Feder o proyectos para el vehículo eléctrico, para el sector agro, el naval o para descarbonización con fondos Next Generation”.

Por último, en el área de Cambio climático y Economía circular, además de los sistemas de gestión ambiental, tienen un papel muy importante para la verificación ambiental de gases de efecto invernadero, de la que descuelgan varios servicios: la verificación de informes de cálculo de huella de carbono de organizaciones, de eventos o de productos; y la verificación de los gases de efecto invernadero dentro del mercado de los derechos de emisión. “Cada cuatro años se asignan las toneladas que de forma gratuita van a poder emitir las empresas y ahora estamos en la campaña de nueva asignación para el periodo 2026-2030. Esto supone que las empresas que no demuestren en su comportamiento que están adoptando mejoras o no siguen las recomendaciones que se les hace en los sistemas de auditoría energética, van a sufrir recortes desde el 20 % de sus derechos de emisión”.

Trasladado todo este hacer al ámbito de la Comunidad Valenciana, Fernando Trénor destaca la tendencia creciente de las empresas por obtener las certificaciones. “Por un lado está la gran geopolítica de la ONU y de la UE que va descendiendo capilarmente y, al final, hay una presión regulatoria en nuestro país. Y por otro lado está el mercado que, por cuestiones de competencia, de adaptación a la regulación, de financiación, porque una empresa con una cadena de valor potente esté creando tendencia entre sus proveedores, etc., va estrechando el cerco de lo que las empresas van demandando. Al final, cada empresa tiene una sensibilidad, pero sí que se nota un mayor interés y una prueba de ello es la buena acogida del Registro de entidades valencianas socialmente responsables”.

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