
La Universidad de Alicante (UA), junto con la Universidad Pablo de Olavide y la Politécnica de Cartagena, han desarrollado un proyecto sobre los escapes de peces desde instalaciones de cultivo en mar abierto. El profesor de Ciencias del Mar de la UA, Kilian Toledo, ha coordinado este estudio que aborda las implicaciones ecológicas, económicas y sociales que suponen esos escapes. Cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y la cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo de la UE.
¿Cómo surgió el proyecto, el darse cuenta de que esos escapes de peces estaban teniendo un impacto tanto para el consumo como para el medio marino?
Fue en 2020, justo después del gran episodio de tormentas Gloria. Comenzamos a pensar que esa tormenta causó unos daños importantes en instalaciones de agricultura tanto en la Comunidad Valenciana como en la región de Murcia y me pareció una buena oportunidad para estudiar cómo gestionar el tema de los escapes en un contexto de cambio global, donde esperamos que haya cada vez más tormentas, más frecuentes y con más intensidad. Nos centramos principalmente en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia porque, al fin y al cabo, es donde se concentra la producción de peces en instalaciones en mar abierto. Esos escapes, cuando son masivos, suponen una pérdida económica muy grande para las empresas que están criando esos peces. Hablamos de millones de peces escapados en un solo evento, y está poco estudiado qué papel juegan en el medio natural, porque finalmente también son capturados por la pesca profesional; por lo tanto, terminan en lo que es la cadena de valor. Son subastados en las lonjas de todo el levante español y acaban siendo comercializados, además, con una etiqueta de pescado salvaje. Entonces, nos encontramos con una problemática de trazabilidad principalmente, en la cual un pez que estaba en una jaula de cultivo, acaba comercializado como si fuera un pez salvaje, con lo que el consumidor puede verse afectado.
¿Qué implicaciones conllevan estos escapes, tanto en el precio final del pescado como en el ecosistema?
Estamos hablando de instalaciones en mar abierto. Desde La Vila se ven, por ejemplo, esas jaulas flotantes que, básicamente se conforman de una unidad, un aro flotante del que cuelgan unas redes que hacen una especie de copo, y en cada unidad puede haber hasta 200.000 peces. Cuando hay un temporal muy grande se pueden romper jaulas completas y dejar libres a todos los peces de su interior, incluso instalaciones enteras. Por ejemplo, en Burriana la instalación acabó destruida y toda la biomasa de pescado que se estaba cultivando terminó en el medio natural. Luego, aparte de estos escapes masivos, que son muy espectaculares, hay escapes de pequeña magnitud por algún agujero en la red, o durante las maniobras que llevan a cabo los propios operarios de la instalación. Son escapes por goteo. Y de alguna manera, lo que tratamos de promover desde el proyecto es que se gestione adecuadamente.
Aunque sufren grandes mortalidades cuando se escapan de las instalaciones, al final tienen que volver a aprender a alimentarse en el medio natural, a explotar recursos tróficos, lo que puede de alguna manera alterar el equilibrio en el ecosistema. Hay potenciales problemas debido a la transmisión de parásitos, de enfermedades que pueden tener estos peces, e incluso por tratamientos a los que pudieran estar sometidos, o que no haya pasado todavía el tiempo de exclusión para poder ser consumidos. Todas estas cosas, cuando las ponemos encima de la mesa, sabemos que son cuestiones que vale la pena tratar y estudiar en profundidad para ver qué medidas se pueden tomar.
No sé si en este estudio han valorando en cifras cuánto pueden suponer esos escapes…
El problema es que no hay un registro público de número de escapes. Esa información no está disponible y es algo por lo que nosotros abogamos, por que haya una mayor transparencia en el sector. Por ejemplo, en Noruega hay bases de datos públicas donde tú puedes ver esos datos. En España se puede saber cuál fue el perjuicio económico a través de las aseguradoras. En 2020, Agroseguro, que era la aseguradora que cubría los seguros de la mayoría de las instalaciones acuicultoras, se solicitaron indemnizaciones por 24 millones de euros, es decir, estamos hablando de una cantidad económica importante. Comunidad Valenciana y Murcia fueron las comunidades más afectadas, donde hubo roturas de instalaciones; evidentemente, está incluido no solo la biomasa, sino también lo que es el material o la instalación, pero estamos hablando al final de millones de peces. Se podría hacer una estimación, porque si en cada jaula hay unos 200.000 peces y cada instalación puede tener entre 6 y 24 jaulas, estoy seguro de que en un evento como Gloria, salieron al mar del orden de entre 5 y 10 millones de peces.
Estamos viendo que estos escapes son un problema económico pero también medioambiental, ¿qué herramientas han encontrado ustedes para solucionarlo?
Nosotros proponemos dentro del proyecto planes de contingencia para cuando hay escapes masivos, donde haya colaboración de los pescadores profesionales, una mayor comunicación con las empresas que llevan a cabo la actividad de la acuicultura para que haya una fluidez en la información hacia las administraciones públicas y, por supuesto, que las administraciones pongan la normativa adecuada para mitigar todas estas interacciones de las que estamos hablando.
Con el temporal Gloria arrancaron una serie de proyectos. Este es el tercero que nos financiaron y ha terminado este 21 de febrero: Gloria Tools. Queríamos capitalizar los resultados que habíamos venido obteniendo y avanzar en el desarrollo de herramientas que ayudarán a la gestión del problema. Hemos desarrollado herramientas con potencial precomercial, como una aplicación móvil basada en inteligencia artificial, que es capaz de identificar, primero, si un pez es una lubina o una dorada y, después, si es de cultivo o salvaje, y así ayudar en el momento al usuario que no esté familiarizado con estas especies, a tomar decisiones de compra más informadas. También hemos desarrollado herramientas de trazabilidad, relacionadas con bioquímica, con genética, para intentar identificar sin ninguna duda la procedencia del pescado. Y en conjunto, con la Universidad Pablo Olavide hemos trabajado más el aspecto socioeconómico y se han hecho encuestas a las partes implicadas para ver la percepción tanto del consumidor como de los pescadores, y las soluciones que consideran más efectivas.
Al final, siempre que haya voluntad, todo lo relacionado con los planes de contingencia puede ayudar a recapturar esos peces una vez han escapado, y a realizar una predicción espacio-temporal del riesgo de escape.
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