El 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medioambiente. Naciones Unidas ha querido dedicarlo este año a la lucha contra la desertificación, la restauración de tierras y la sequía. Greenpeace señala que no puede estar más de acuerdo en poner el foco de este día en el problema del agua que, cada vez, será más grave y prioritario.
Según Greenpeace, «existe la falsa percepción de que la desertificación y la sequía en España son sólo causadas por la falta de lluvia, pero también son consecuencia de la mala gestión del agua, poniendo en riesgo multitud de ecosistemas y la salud de las personas. En España, casi 12 millones de personas viven en regiones con algún tipo de restricción en el uso del agua, bien por escasez o contaminación o porque se priorizan otros usos. Eso está generando dotaciones limitadas, prohibiciones de riego, baldeos… y todo ello, a pesar de las últimas lluvias».
La contaminación del agua está causada principalmente por los nitratos, pero también por la presencia de pesticidas, arsénico o por la salinización por intrusión marina. Según los datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), en 2022 – último dato disponible – 171 municipios se han quedado sin agua de consumo por tener una concentración de nitratos por encima de 50 mg/l (Real Decreto 140/2003 que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano). Más de un millón de personas viven ya en “puntos críticos”, zonas que superan los 30 mg/l de manera continuada y, por lo tanto, con implicaciones para su salud.
El modelo agrícola y ganadero se ha vuelto intensivo e industrial, contribuyendo a la degradación de la tierra, la contaminación y la disminución de la productividad agrícola. La desertificación conlleva la pérdida de suelo fértil, lo que afecta la capacidad de producción de alimentos y la sostenibilidad de la agricultura. La pérdida media anual de suelo agrícola por erosión en España está en torno a las 30 toneladas por hectárea. Esto indica que el campo español está entrando en un estado de alta erosión que deteriora la calidad del suelo, lo que podría conducir a una disminución de la productividad agrícola y a la necesidad de importar más alimentos, con claro impacto en la economía. Ejemplo de descontrol y de sobreexplotación es el número de pozos ilegales del país. Greenpeace estima que superan el millón, de los que todos los años se extrae “ilegalmente y sin control alguno”, el consumo equivalente a abastecer a una población de más de 118 millones de personas.
Mención específica requiere el capítulo del regadío. Sólo los regadíos legales superan en España los 3,9 millones de hectáreas (y se calcula que, al menos, habría un 15% más de regadíos ilegales). Según Greenpeace, el 16,23 % de estos regadíos están en áreas ya tensionadas (con acuíferos en mal estado cuantitativo y/o cualitativo, con elevados niveles de nitratos o en lugares donde ya se ha producido una evolución climática hacia condiciones más áridas), lo que supone que habría que recortar casi 633.000 hectáreas regadas, priorizando regadíos ilegales, intensivos e industriales.
Otro factor importante que agrava la desertificación es la urbanización excesiva y el turismo masivo, que aumentan el desarrollo de infraestructuras, modifican el uso del suelo y el consumo de bienes y recursos como el agua, contribuyendo también a la pérdida de suelo fértil y a la degradación del territorio.
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