El colectivo Alerta Greenwashing, que funciona de forma descentralizada con distintos profesionales, ha publicado el anuario 2024 para explicar qué es el lavado verde o ecopostureo y señalar a quienes lo practican. Para conocer un poco más sobre este colectivo y su repaso a la situación actual, InfoSOS entrevista a Miguel Ángel Soto y Jaume Enciso, dos de sus miembros.
“El lavado verde se refiere a una estrategia de mercado que utilizan muchas empresas para aparentar ser más respetuosas con el medioambiente de lo que en realidad son. Si bien el término tiene algunas décadas de vida, el fenómeno ha explosionado tras los compromisos adquiridos por gobiernos y sectores industriales con los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente y derechos humanos”, explica Miguel Ángel Soto.
Este activista pone el ejemplo de los sectores y empresas obligadas a reportar su huella de carbono y demostrar su compromiso con el Acuerdo de París y la descarbonización que frecuentemente “utilizan un lenguaje falso o confuso para engañar al consumidor, a la sociedad y al legislador”, explica.
En su opinión, es un fenómeno en estudio por las diversas formas de lavar la mala imagen de una empresa, actividad, producto o servicio. “El marketing y la publicidad se han convertido en poderosas herramientas al servicio de esta mala praxis industrial”, añade. Y recuerda que el greenwashing se ha convertido ya en un delito o en una infracción administrativa, siendo perseguida por los reguladores que defienden la competencia en los mercados y los derechos de los consumidores e inversores
El anuario 2024 Alerta Greenwashing, disponible gratuitamente online, incluye 27 artículos de temáticas diversas y es una continuidad del trabajo del colectivo Alerta Greenwashing que nació tras la publicación de un libro específico sobre el ecopostureo con 15 coautores y autoras que publicó en 2023 la editorial Pol·len.
“A partir de aquí surge la necesidad de seguir comunicando sobre esta problemática de creciente interés y posicionándola en los medios de comunicación especializados. El reto es llegar a los medios generalistas y normalizar y democratizar los conocimientos sobre el mismo”, dice Jaume Enciso.
En 2024 “hemos visto que el greenwashing, en sus diferentes variantes y expresiones, ha calado fuerte en el debate social, y no solo en el ámbito empresarial”, asegura Miguel Ángel Soto, multiplicándose “los escándalos, denuncias y las intervenciones de los reguladores públicos contra empresas de todos los sectores económicos por lavado verde, publicidad engañosa o violación de los derechos de los consumidores, accionistas e inversores”.
En este cambio, la sociedad civil también juega un papel relevante. “Como consumidores debemos ser más ‘preguntones’, llamar o escribir a los números de atención al cliente de las marcas y preguntar por la trazabilidad de informaciones ambientales etiquetadas en los envases”, recomienda Enciso. Y aboga por acudir con más frecuencia a las organizaciones de defensa de los consumidores “que han efectuado denuncias por ataques a los derechos como consumidores, como CECU y otras”.
En 2024 se ha producido, además, un despegue de casos juridiciales con nuevos actores, el más sonado el de Iberdrola contra Repsol a la que acusa de utilizar publicidad engañosa, y se han producido “las primeras resoluciones favorables a las tesis de los demandantes”, destaca Miguel Ángel Soto. Sus previsiones para 2025 son “más litigios de consumidores y movimientos sociales en 2025 y algunas decisiones de los reguladores que, esperamos, pongan en guardia a las grandes y medianas empresas que abusan de afirmaciones falsas o inexactas”.
Por otra parte, la entrega en vigor de las nuevas Directivas europeas, la primera de ellas en febrero de 2026, “limpiara una primera capa de greenwashing obvio y aquellas declaraciones más ambiguas y confusas”, añade Jaume Enciso. “Esta norma será un nuevo tablero de juego en cuanto a la comunicación ambiental de productos y corporativa”, asegura.
Entre sus recomendaciones para evitar el ecopostureo apuntan “ser cautos a la hora de plasmar o hacer pública una alegación ambiental, dato, frase, sello o certificado, y aportar información veraz, trazable y demostrable”, dice Enciso. Aunque “la mejor recomendación a las empresas se la van a dar los reguladores cuando firmen dos o tres sentencias firmes por falsas declaraciones ambientales y con sanciones económicas dolorosas para la cuenta de resultados”, añade Soto.
Artículo de Kati Ferrero.
InfoSOS, por un mundo sostenible.
