El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha sostenido que la continuidad del trasvase Tajo-Segura es indispensable para garantizar la seguridad alimentaria en España y Europa.
Durante la inauguración del VIII Congreso Nacional del Agua ‘Seguridad Alimentaria’ en Elche, Pérez Llorca ha señalado que la Comunitat Valenciana está «cargada de razón para defender viabilidad y permanencia» del Tajo-Segura, una transferencia que «no es un privilegio territorial sino la garantía para miles de empleos, para el liderazgo agroalimentario valenciano y la supervivencia agrícola de todo el sureste español».
«Sin el Tajo-Segura no hay seguridad alimentaria para España ni para Europa», ha continuado el president, que ha apuntado que el valor económico agrícola derivado del trasvase supera los 403 millones de euros anuales, a los que se suman 500 de actividad comercial y 115 más de la actividad de transformación.
También ha resaltado los valores medioambientales porque las explotaciones agrícolas del sureste español absorben 1,2 millones toneladas de dióxido de carbono (CO2) anualmente y suponen una barrera eficaz contra los incendios forestales.
Por todo ello, ha acusado al Gobierno central de recortar los volúmenes trasvasables «anteponiendo la política a la ciencia», dado que ve un «sinsentido enviar a Portugal unos 6.000 hectómetros cúbicos que no necesitan ni nos han pedido y a ayudar a Marruecos a pagar sus trasvases».
«¿Por qué allí trasvases sí y aquí no?», ha continuado Pérez Llorca, quien ha repetido que la motivación contra el Tajo-Segura es política, por lo que ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez tener una «visión nacional y solidaria de la política del agua basada en la cooperación entre territorios».
Dogma frente a solidaridad
Ante el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y el alcalde ilicitano, Pablo Ruiz, entre otros, Pérez Llorca también ha manifestado que es «frustrante» que el gran esfuerzo inversor de la Generalitat Valenciana en materia hídrica no sea acompañado por el Gobierno, y ha puesto por ejemplo la reparación del embalse de San Diego.
Todos estos argumentos le han llevado a lamentar «las decisiones incomprensibles (del Gobierno) que anteponen el dogma a la solidaridad» y ponen en riesgo, a su juicio, «la defensa de una forma de vida» en una de las regiones «más eficientes en el uso eficiente» por sus políticas de reutilización, gestión eficiente, modernización y digitalización.
