Los regadíos del trasvase son «el epicentro de la resiliencia contra el cambio climático”, según ha afirmado en la Asamblea Regional de Murcia el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez.
Ha hecho estas declaraciones durante la Comisión de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura del parlamento murciano, convocada ante las últimas medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). La cámara ha iniciado su listado de comparecencias con el responsable del Scrats y, aunque estaba también anunciada la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, finalmente no se ha producido.
El presidente de los regantes del Tajo-Segura ha asegurado que el Plan Hidrológico del Tajo fue “políticamente dirigido para provocar un recorte en el trasvase”, ya que “en todas las planificaciones se han mantenidos inalterados los caudales ecológicos, salvo en el Alto Tajo».
“Hay que hacer un auto de fe muy grande para creer que el Gobierno central no pretendía dar un golpecito al trasvase”, ha afirmado Jiménez, quien ha recordado que el tramo de Aranjuez no cuenta caudales ecológicos, pues están “artificializados con caudales del Tajo-Segura”.
Según Jiménez, el propio Miteco había asumido que “la principal enfermedad del Alto Tajo no eran los volúmenes excedentarios y solidarios al Segura, sino una deficiente depuración”, de lo que posteriormente se desdijo por el “dedo” de la entonces ministra Teresa Ribera, incumpliéndose todas las comisiones y seguimientos previstas y los 3.500 millones de euros para mejorar la depuración en el Tajo y para inversiones en el Segura, ha dicho.
Asimismo, ha advertido de que sin la conexión de la depuradora de Torrevieja (Alicante) con el azud de Ojós, “el 95% de los regantes no podrá recibir el agua desalada”. “Este es un tema del que se está hablando desde 2019 y en el que no van a llegar a tiempo”, ha aseverado.
Ha lamentado que “el recorte vaya por delante de las promesas incumplidas” y ha reprochado al Gobierno central su “ímpetu por cercenar el trasvase”. “Condenar todo a la desalación subvencionada es un plan propio de un país cuya cabeza está en los pies y viceversa”, ha apostillado.
Lucas Jiménez ha augurado que en diciembre habrá un Consejo Nacional del Agua con las nuevas reglas de explotación “que reducirán en 3 millones de metros cúbicos el nivel 3 y quitarán prácticamente el nivel 2”.
Así, ha explicado que el recorte previsto para 2027 necesita aprobar una modificación legal de la Ley del Trasvase, lo que conllevaría o una tramitación de una Ley en el Congreso o su aprobación por un decreto-Ley.
El presidente del Scrats ha pedido a los grupos parlamentarios que estén con los regantes “en la pomada” de defender el trasvase, logrando el aval de la Asamblea Regional para reclamar al Gobierno de España que “se pare esta canallada, que la acumulación de sentencias acabará diciendo que es legal, pero justa no es”.
Durante la comisión, el diputado del grupo parlamentario socialista Fernando Moreno ha asegurado que, frente a los “paripés estériles” del Partido Popular, el PSOE tiene una “hoja de ruta clara para garantizar agua para siempre en la Región de Murcia”, que consiste en complementar el trasvase con la desalación, la depuración de agua y la modernización de los regadíos.
El parlamentario del grupo Vox Antonio Martínez Nieto ha denunciado, por su parte, que a la lista de “promesas incumplidas” de PSOE y PP sobre el trasvase, hay que sumar “un caudal al que van pegando mordiscos y dentelladas lo hidráulico, lo sanitario y lo ecológico-político”, con el objetivo de “dinamitarlo” y con la “promesa de la desalación, que es una trampa mortal”.
Desde el grupo Mixto (Podemos-IU/V-AV), su diputado José Luis Álvarez-Castellanos ha asegurado que “los 40 años de regadío intensivo en el campo de CT han tenido un efecto evidente en la contaminación del Mar Menor, aunque haya otros aspectos coadyuvantes”, y ha incidido en que “el derecho a un medio ambiente sano también es un derecho constitucional”.
Finalmente, el diputado del grupo popular Jesús Cano ha denunciado que la negativa del presidente de la CHS a comparecer “demuestra las verdaderas intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez: acabar con el trasvase y dar la espalda a la Región”. “Evidencia que la voluntad del Gobierno central es ocultar sus planes y evitar rendir cuentas sobre las medidas que amenazan el futuro del agua en el Levante”, ha concluido.
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