
El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) de la provincia de Valencia advierte de que la implantación de la tasa de residuos en los municipios está generando un escenario de creciente complejidad técnica y jurídica para las entidades locales. Su presidente, Vicente León, reflexiona sobre ese auténtico laberinto jurídico para los municipios y pide equilibrar el coste real del servicio con su sostenibilidad económica y su aceptación social.
COSITAL incide en que la tasa está provocando litigios judiciales y problemas técnicos por la falta de medios en los ayuntamientos. ¿Por qué ha llegado esta tasa de golpe a tantos municipios?
La principal razón es que la mayoría de municipios han agotado el plazo que concedía la ley para establecerla, tratándose de una obligación legal derivada de la normativa estatal y europea en materia de residuos y sostenibilidad. Los ayuntamientos no han implantado esta tasa por voluntad política aislada, sino porque la ley exige que el servicio de recogida y tratamiento de residuos sea económicamente sostenible y que el coste real no recaiga sobre el conjunto de los presupuestos municipales, situación que venía dándose en muchos municipios, o existiendo la tasa, ésta era inferior a la parte proporcional del coste real.
Ustedes advierten de que las tasas están acabando en los tribunales y que algunas ordenanzas se están anulando. ¿Por qué los jueces están tumbando estas normas y qué pasa con el dinero si un vecino ya ha pagado una tasa que luego se declara ilegal?
Los tribunales no están cuestionando la existencia de la tasa en sí misma, porque la obligación legal existe. Lo que se está analizando es si determinadas ordenanzas municipales cumplen correctamente los requisitos técnicos y económicos que exige la ley. Por ejemplo, una tasa debe estar sustentada en informes económico-financieros sólidos, justificar adecuadamente el reparto de costes y respetar principios como proporcionalidad o capacidad de uso del servicio.
En muchos casos, las anulaciones derivan de defectos formales o de insuficiente motivación técnica, no de mala fe ni de arbitrariedad municipal. Cuando una ordenanza es anulada judicialmente, la situación depende de cada sentencia y del momento procesal. Puede haber devoluciones, compensaciones o incluso nuevas aprobaciones corregidas. Precisamente por eso desde COSITAL insistimos tanto en reforzar los medios técnicos y en dar seguridad jurídica a los ayuntamientos antes de implantar modelos complejos.
En su comunicado afirman que se ha terminado la basura “gratis”. ¿Qué significa esto exactamente para el recibo de un vecino que hasta ahora pagaba una cantidad fija o muy baja?
Significa que la ciudadanía debemos asumir el coste real del servicio de residuos. Recordemos que dicho servicio incluye recogida, transporte, tratamiento, reciclaje, vertederos, impuestos ambientales y campañas de divulgación, y deben incluirse todos ellos en el recibo. Durante años, muchos municipios mantenían tasas muy reducidas que no cubrían ni de lejos el coste efectivo del servicio o directamente no existía tal tasa o sólo se refería parcialmente al servicio. La diferencia se pagaba indirectamente, a través de los presupuestos municipales, sin ninguna vinculación servicio-tasa. La nueva normativa exige avanzar hacia un sistema donde quien genera residuos contribuya de forma más ajustada al coste del servicio. Eso explica que en muchos municipios el recibo aumente respecto a años anteriores.
Muchos ciudadanos piensan que esta subida es un invento de su ayuntamiento. ¿Qué pasaría si un municipio se niega a aplicarla?
Ante las teorías inventivas de la exigencia por las corporaciones municipales la respuesta es rotundamente que no, pues como ya he dicho anteriormente, una norma estatal exige su establecimiento. Si bien, la ley no ha establecido una forma de cálculo o criterios para determinarlo, dando libertad a cada uno de los Ayuntamientos o las entidades que gestionan este tipo de residuos tales como consorcios o mancomunidades, por ejemplo, al amparo de los principios de la ley, que destacan que la tasa sea autónoma y no deficitaria, y el principio “quien contamina, paga”.
Con el objetivo de ser claros y evitar teorías sin ninguna base, he echado en falta una campaña de pedagogía y transparencia por las entidades gestoras para que la ciudadanía sea consciente del coste que implica para la entidad el servicio de residuos, y la exigencia normativa de repercusión a las personas usuarias, y en algunos casos, el establecimiento de incentivos fiscales. Considero que explicando las cosas se evitan invenciones, y además aporta conciencia de que los servicios públicos no son gratuitos para la ciudadanía, y así repensar el coste de determinados actos vandálicos.
Yendo a la pregunta del caso en que un municipio se negara a aplicarla, además del déficit que provocaría en sí mismo el servicio, que generaría consecuencias presupuestarias y el incumplimiento legal como tal, una de las consecuencias es la posibilidad de exigencia de las autoridades europeas a España por incumplimiento de las Directivas que han motivado la exigencia legal mediante sanciones económicas, que no sería la primera vez que ocurre, y respondería el Estado; si bien, la ley habilita fórmulas para poder repetir esas sanciones a los entes incumplidores.
La ley exige que pague más quien más residuo genere. Sin embargo, la mayoría de municipios no tiene contenedores inteligentes ni tecnología para saber cuánto recicla cada familia. ¿Cómo están calculando los ayuntamientos este recibo a ciegas?
Ese es precisamente uno de los grandes desafíos actuales, y el que está provocando el aumento de la litigiosidad de la tasa. La ley marca un objetivo muy ambicioso: avanzar hacia sistemas de pago por generación, donde cada usuario pague según el residuo que realmente produce. Pero la realidad es que gran parte de los municipios españoles todavía no dispone de tecnología suficiente para medir individualmente esos comportamientos, implantar contenedores inteligentes, sistemas de identificación o plataformas de datos que requiere de inversiones muy importantes, así como su reparación y reposición. Y aquí hay un punto que es el civismo, en el que deberíamos de ser conscientes la ciudadanía del coste de las cosas. Recordemos que dicha inversión debería imputarse a las personas usuarias, a través de la tasa correspondiente, y aquí yo me pregunto: ¿estamos dispuestos a asumir un mayor coste para disfrutar de un servicio así?
Ante la ausencia de tales sistemas, las entidades encargadas del servicio están utilizando criterios indirectos y objetivos, tales como superficie de la vivienda, consumo de agua, actividad económica, número de ocupantes, valor catastral, entre otros, para aproximarse lo mejor posible al principio legal de proporcionalidad. No es un sistema perfecto, pero es una solución transitoria mientras se modernizan las infraestructuras. También se acude a este sistema ante la falta de medios humanos, y además con conocimientos especializados, en especial, a los pequeños municipios, donde los Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional, en ocasiones, son los únicos capacitados, pero carecen de los conocimientos necesarios para desarrollar un sistema lo más ajustado posible a las exigencias normativas.
¿Entonces este sistema está penalizando a quien consume más agua pero sí recicla?
Es importante distinguir entre un sistema ideal y un sistema actualmente viable.Evidentemente, el modelo más justo sería medir exactamente cuánto residuo genera cada hogar y cuánto recicla. Pero hoy eso no es técnicamente posible en la mayoría del territorio. Por eso se utilizan indicadores indirectos que los tribunales suelen admitir, aunque ha habido pronunciamientos judiciales dispares, siempre que tengan una relación razonable con la generación potencial de residuos. Ningún criterio es perfecto aisladamente. El consumo de agua, por ejemplo, puede correlacionar con intensidad de uso de la vivienda, pero no mide el reciclaje ni el residuo que se genera. DesdeCOSITAL defendemos que las ordenanzas incorporen progresivamente bonificaciones, incentivos al reciclaje y mecanismos correctores para evitar desigualdades, pero también debemos ser realistas respecto a las capacidades técnicas actuales de muchos municipios.
¿Por qué un tribunal puede dar por buena la tasa de un pueblo y anular la del pueblo de al lado, si la ley es la misma para todos?
Ello se debe a que al Tribunal le corresponde analizar cómo cada ayuntamiento ha construido jurídicamente su ordenanza concreta, no la ley estatal. Así, dos municipios pueden aplicar la misma ley de manera distinta: uno con informes técnicos completos, costes bien justificados y criterios proporcionados, y otro con deficiencias de motivación o errores procedimentales. En este punto, como hemos venido insistiendo desde COSITAL Valencia, hay falta de medios humanos y con conocimientos en muchas entidades, especialmente de menor tamaño, generando que la construcción que se haya hecho pueda tener defectos, y sea anulada por resolución judicial. Por ello es conveniente reforzar a estas entidades, bien con personal o el conocimiento de entidades supramunicipales de mayor tamaño.
¿Cómo podemos pagar menos? Desde el punto de vista del ciudadano, ¿existen formas reales y prácticas en este momento para reducir el importe de este recibo mediante el reciclaje?
Hoy por hoy depende mucho de cada municipio. En algunos ya existen bonificaciones por uso de ecoparques, compostaje doméstico o separación selectiva, en este caso, con un buen comportamiento ciudadano en materia de residuos notaremos un alivio en el bolsillo. Lo importante es entender que el sistema va claramente hacia modelos donde reciclar correctamente tendrá ventajas económicas reales, pero la transición llevará tiempo, inversión tecnológica y cambios de hábitos. Por tanto, reducir residuos, separar correctamente y utilizar los sistemas municipales de reciclaje sigue siendo la mejor forma de preparar ese modelo futuro y contribuir a contener costes ambientales y económicos de toda la cadena y, con suerte, si el municipio lo tiene previsto, reducir los costes de la economía doméstica.
¿Esto va para largo? ¿Cuánto tiempo calcula COSITAL que tardarán los ayuntamientos en contar con un sistema verdaderamente moderno y justo de “pago por generación”?
Estamos hablando de una transformación estructural muy importante. No se trata solo de cambiar una tasa, sino de modernizar completamente la gestión de residuos en miles de municipios con realidades muy distintas. Los grandes municipios probablemente avanzarán más rápido porque tienen mayor capacidad; en municipios medianos y pequeños el proceso será más lento y necesitará apoyo de otras administraciones.
Nuestra estimación es que harán falta varios años para consolidar sistemas verdaderamente individualizados, tecnológicamente fiables y socialmente percibidos como plenamente justos. Lo importante es que esa transición se haga con seguridad jurídica, sostenibilidad financiera y sin trasladar una presión imposible a los ayuntamientos que deben repercutirla a las personas usuarias.
InfoSOS, por un mundo sostenible.




