El Gobierno autoriza la ampliación del Puerto de Valencia con el rechazo de grupos que lo ven «un error mayúsculo»

El Gobierno dará el visto bueno a la licitación de las obras de la ampliación norte del Puerto de València en el Consejo de Ministros del próximo martes, según ha anunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras una visita a las instalaciones portuarias.

La ampliación consiste en la construcción de una nueva terminal de contenedores, una actuación que ha sido reclamada en numerosas ocasiones desde hace años por los empresarios y partidos políticos, y también por el Gobierno de la Generalitat presidido por Carlos Mazón, mientras que ha suscitado el rechazo de Compromís y Podemos, que reclaman una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) ya que la actual es de 2017.

La terminal automatizada tendrá capacidad para 5 millones de TEU y será construida y gestionada por MSC, que hace poco estimó en 2.000 millones de euros su coste total tras la actualización de precios, de los que 660 millones corresponden a la Autoridad Portuaria de València (APV).

El ministro, que ha anunciado la aprobación de la obra ante el president de la Generalitat, la alcaldesa de València, María José Catalá, y el sector portuario en la sede del Consejo de administración de la APV, ha afirmado que se trata de un proyecto «ecológico» y «sostenible» y cuenta con la inversión público-privada «más importante que se ha hecho nunca en un puerto español».

«El martes estaremos poniendo rumbo a este proyecto tan largamente esperado» y que va a ser «positivo» no solo para Valencia sino también para España, porque es un puerto «fundamental para el país», ha manifestado el ministro, que ha recibido los aplausos de los asistentes al acto tras anunciar la aprobación de la obra.

Sobre la afección medioambiental de la terminal, ha apuntado que puede tener efectos negativos pero han sido contemplados y corregidos en la DIA, y ha pedido ver la obra en toda su dimensión: es un proyecto «ecológico porque es energético», cien por cien sostenible, autosuficiente y que se autoabastecerá con energías limpias.

Además, lleva aparejado derivar los tráficos de los contenedores en camión al tren -un 93 % de los contenedores van en camiones-, por lo que también es «una operación ferroviaria», y ya se está trabajando en las terminales sur, poniente y levante en la reforma de las infraestructuras ferroviarias internas de la terminal.

Esta es «la mayor terminal ferroviaria que va a tener ningún puerto de la península y de Europa» y que va a afectar de manera positiva al entorno al sacar camiones de la ciudad y a la V-30 y va a ayudar a aumentar la descarbonización en el transporte, ha defendido.

Puente ha apuntado que espera que los inconvenientes que puedan surgir se vayan despejando en un puerto que es el primero de España en tráfico de contenedores, el cuarto de Europa y el vigésimo del mundo, que tiene riesgo de congestión y que por ello hay que trabajar para que las infraestructuras estén en condiciones cuando llegue el momento.

Sobre la posible falta de apoyo de los ministros de Sumar a la autorización del proyecto, según ha avanzado Compromís, Puente ha indicado que es una decisión de esos ministros, y ha argumentado que es una obra que ha defendido el Partido Socialista y su federación valenciana «desde hace muchos años».

Afección medioambiental

Según el ministro, que ha dicho haberse estudiado esta cuestión en profundidad, ha asegurado posteriormente a los medios que las objeciones medioambientales que se ponen a la obra «no están fundamentadas», y en este sentido ha señalado que las playas de El Saler han sido objeto de obras de corrección con una inversión de 30 millones de euros.

También se ha referido a los posibles procedimientos judiciales para paralizar la ampliación para manifestar que los técnicos le trasladan «absoluta seguridad» sobre la legalidad de los pasos que se están dando.

En concreto, ha considerado que la suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la resolución del Ministerio de Transición Ecológica que posibilitaba a la APV decidir por sí sola sobre la necesidad de una nueva DIA «no afecta» a la licitación.

«Estamos tranquilos y convencidos de que estamos trabajando de manera seria y rigurosa y de que los procedimientos judiciales nos acabarán dando la razón», ha concluido. 

Por su parte, la plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port ha anunciado que seguirá luchando contra la ampliación del Puerto de València «en las calles y en los tribunales», una obra que es «un error mayúsculo» con consecuencias medioambientales y sociales.

El portavoz de la Comissió, Francesc Herrera, ha acusado al Gobierno de ser los responsables de «firmar esta sentencia de muerte», durante una protesta en los alrededores del recinto portuario, donde les ha situado la Delegación del Gobierno durante la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, al puerto para anunciar la ampliación.

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha afirmado durante la concentración que ni hay motivos económicos que justifiquen la ampliación ni ninguna empresa valenciana tiene problemas para exportar o importar, y además no va a crear puestos de trabajo.

Al contrario, según Compromís, la nueva terminal norte generará más contaminación por la circulación de un mayor número de camiones por la ciudad, y una mayor agresión a la calidad del aire.

La ampliación, según Baldoví, no responde a los intereses de la ciudadanía sino de una multinacional que lo que quiere es «cambiar de sitio», y tampoco está justificada por la declaración de impacto ambiental.

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha acusado al PSOE y al PP de dar «una puñalada» a la ciudad y de entregar la salud, el medio ambiente y el bienestar a una multinacional.

«Se está perpetrando un asesinato de la vida de los valencianos», ha manifestado en la protesta, en la que también ha estado presente el exalcalde y exmiembro del Consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València Joan Ribó.

Robles ha asegurado que no habrá ningún ministro de Sumar que apoye la autorización de la ampliación y ha adelantado que acudirán a los tribunales.

Desde la terminal pública de contenedores del puerto de Valencia (CSP Iberian Valencia Terminal), el comité de empresa ha afirmado que la terminal «no es necesaria» y que el puerto tiene capacidad para absorber las mercancías marítimas.

Asimismo, denuncian la pérdida de empleo para CSP que supondrá que MSC concentre su carga en la nueva terminal, y que ahora gestiona en su terminal sur y en la terminal pública.

La Comissió Ciutat-Port ha informado de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha aceptado la prueba pericial pedida por la plataforma para ver el impacto de la ampliación, y ha vuelto a criticar que una DIA de hace 16 años «no tiene la garantía del principio de seguridad jurídica», según ha manifestado un miembro de la entidad, David Adrià.