Los agricultores valencianos se ponen en pie de guerra ante la falta de rentabilidad por el cambio climático

Todo el sector agrario valenciano volverá a protestar en las calles de Castelló, València y Alicante para reclamar medidas que devuelvan la rentabilidad a las explotaciones pues las adoptadas por las administraciones regional, nacional y europea son «insuficientes».

Las nuevas movilizaciones se llevarán a cabo de forma inminente y serán convocadas por todo el sector representado en las organizaciones Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Asaja Alicante, La Unió Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV) y Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat.

Aunque no han concretado fechas, se celebrarán en breve, en función de si requieren de autorización, y tendrán lugar en las tres capitales: en Castelló harán un acto ante un gran centro comercial de la distribución; en Alicante habrá una tractorada desde Elche y la capital hasta el Puerto; y en València se organizará una manifestación con vehículos que saldrá desde la sede de la Conselleria de Agricultura, pasará por la delegación de Agricultura del Ministerio -avenida Joaquín Ballester- y acabará ante la Delegación del Gobierno.

Las organizaciones agrarias mantendrán reuniones con Presidencia de la Generalitat y de Les Corts, la Conselleria de Agricultura, la Delegación del Gobierno y los portavoces de los grupos parlamentarios y, ante la celebración de las elecciones europeas el 9 de junio, implicarán al PP, PSPV, Vox y Compromís en reuniones bilaterales y a sus expertos en materia agraria.

«Estamos en una situación caótica, trabajamos a pérdidas, nos juntamos o morimos», ha asegurado Víctor Collado, miembro de la ejecutiva de CCPV-COAG.

Las movilizaciones reflejan la situación que atraviesa el sector en el conjunto europeo y español, y la insatisfacción por los avances de las negociaciones con el Ministerio de Agricultura ante la falta de rentabilidad de muchas explotaciones debido a varios motivos (el cambio climático, la guerra entre Rusia y Ucrania, y la de Israel en Gaza) que han elevado «de manera desproporcionada» los costes de producción, según el secretario general de UPA-PV, Ricardo Bayo.

Ha reclamado el reforzamiento de la ley de la Cadena Alimentaria tanto en recursos económicos como humanos para la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) con el fin de que pueda actuar de oficio en la inspección de precios y en las malas prácticas comerciales.

Para el secretario general de La Unió, Carles Peris, les «sobran los motivos para convocar más movilizaciones» y, aunque la Conselleria ha tenido «buena voluntad y buenos gestos», ha sido «incapaz» de habilitar medidas extraordinarias de ayudas a sectores más críticos, el Ministerio ha activado medidas que también son insuficientes y la Unión Europea ha flexibilizado la PAC pero con soluciones incompletas «solo pensadas en el comercio y no en la protección de los sectores productivos».

En este aspecto, el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andrés, ha exigido un cambio de política en la PAC en el que no prime la política ambiental sobre la productividad de los campos, se reduzca la burocracia que «ahoga» incluso a la propia administración europea aplicando la simplificación administrativa a las explotaciones que cobran menos de 5.000 euros, y que no se aplique el Cuaderno digital.

También ha señalado la contradicción de que haya embalses en buena situación mientras otros están «muy mal», las cuencas del norte estén «a rebosar de agua» y las del sur «extenuadas», se desagüen embalses y a pocos kilómetros haya «una sequía extrema».

El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, ha afirmado que Europa les «engaña continuamente», ha apuntado que posiblemente se apruebe muy poco de lo prometido antes de las elecciones, y ha augurado que la superficie abandonada se doblará con la nueva PAC.

Sobre Intercritrus, Aguado ha criticado que ni está ni se le espera y ha sido incapaz de acordar un contrato en 20 años, y forman parte de esa entidad personas que no evolucionan y siguen, a su juicio, «en la época de los faraones de Egipto».

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