Este 3 de marzo es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. En su reciente informe sobre Exclusión y Desarrollo Social 2025, Cáritas ponía de relieve un dato preocupante: en España se han duplicado las personas que no pueden permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada, señala Javier Ruvira, secretario general de Cáritas en Alicante.
Esa cifra, que es el índice más desfavorable de todos los analizados, ¿es aún más alarmante en la Comunitat Valenciana?
En general la situación de pobreza en la Comunidad Valenciana es peor que en el resto de España. Hay varios indicadores que lo demuestran, como la incapacidad para hacer frente a gastos imprevistos, que ahí llegamos casi al 40%. Otro es el de la posibilidad de ir de vacaciones al menos una semana al año, que es del 38% de la población. Y en el tema de la pobreza energética, sí hay un indicador muy importante para medir lo que se llama la carencia material y social. La media en España en 2018 era de 9’1 y se ha pasado en 2024 a 17’6. Y en la Comunidad Valenciana, en seis años, del 4,7 al 18,5%. O sea, es un subidón.
¿Y eso a qué se puede achacar?
Lo que creemos es que ha empeorado, porque al subir tanto el precio de la vivienda, tienes que elegir. Y ahora el porcentaje de los ingresos que se lleva el pago de vivienda, ya sea hipoteca o alquiler, se come muchísimo de los ingresos. La gente, cuando tiene que recortar, una de las primeras cosas en las que recorta es en medicina. Pues es la misma interpretación para esta cuestión de la pobreza energética. En este caso estamos hablando de mantener el hogar con una temperatura adecuada, que puede ser calefacción, o puede ser aire acondicionado, o gas, o electricidad.
¿No está contribuyendo la ayuda de la administración, como es el caso del bono térmico?
Lo del bono energético es mejorable, porque no llega a todo el mundo, o muchas veces no se tiene en cuenta el criterio económico de renta de las familias. Por ejemplo, los umbrales que se establecen, a quién se considera consumidor vulnerable. Además, dentro de los vulnerables están los severos. No es lo mismo una familia que hasta ahora no ha estado mal y de pronto pierde el trabajo y pueden acceder a otro, que una familia que vive en una situación de exclusión. Habría que afinar un poco más. Luego hay otras medidas como podrían ser, por ejemplo, ayudas a la compra de electrodomésticos más eficientes o al aislamiento de las viviendas o a servicios digitales relacionados con la energía.
Igual que en la movilidad, ya que hablamos de energía. El transporte público, por ahora no tiene en cuenta el criterio de renta. O las futuras ayudas a la compra de vehículos eléctricos, que al final los que tienen acceso son los que pueden pagar los coches, y que todavía son caros. Hay otras medidas que son más estructurales y eso afecta también a las oportunidades laborales que puedan tener las familias. Recuerdo el caso de una mujer de Elche, que le salió un trabajo en Elda y ahí la ayuda que nosotros ofrecimos fue pagarle tres meses de alquiler para que viviera en Elda. O, por ejemplo, el desplazamiento a los polígonos industriales, que están muy mal comunicados. O sea, no es tanto un indicador de que como soy pobre no puedo pagar el recibo de la luz, sino de cuántas oportunidades estoy perdiendo porque las cosas están organizadas como están. Y la Comunidad Valenciana, pero sobre todo la zona de Alicante, es muy sensible a los ciclos económicos, porque somos una economía sobre todo de servicios. Y especialmente el precio de la vivienda está haciendo que no llegue el sueldo y, con el problema de la vivienda, el del gasto energético.
¿Y en qué lugar queda la Comunidad en cuanto al resto de indicativos?
Pues la Comunidad Valenciana está en el índice de exclusión. Estamos entre el 20-21% de la población de gente que tiene dificultades en su vida cotidiana porque los ingresos no llegan a cubrir todos los gastos. Esto es mucho, es una de cada cinco personas y la provincia de Alicante en eso yo creo que está peor. El turismo estacional y el turismo laboral tensionan la vivienda. Se están pagando ahora por habitaciones 400 y 500 euros, lo estamos normalizando y es grave sobre todo para los niños. Lo que llamamos la herencia de la pobreza.
Tampoco el tipo de construcción mejora las condiciones de la vivienda…
No, porque el poco aislamiento hace que gastes también más. Por eso decía que una de las medidas podría ser el poder facilitar medidas, ayudas para que las familias aislaran mejor. Pero el parque inmobiliario de la Comunidad está heredado del desarrollismo de los años 70, los 80… y es vivienda en su mayoría de baja calidad. Estos temas de aislamiento antes no se tenían en cuenta. Aislar bien las paredes, las ventanas, cuesta mucho dinero y sería un gasto que estas familias no pueden asumir, pero podría ayudar a reducir esa pobreza energética.
También mejorar los saneamientos, porque aunque es verdad que es un porcentaje bajo, un 4% de la población que está en exclusión severa no tiene buenas condiciones de agua sanitaria, saneamiento. Parece increíble, pero es un 3,6 o un 4% de la población en la Comunidad Valenciana.
Luego hay otras medidas que tienen que ver más con toda la transición que se está intentando impulsar a otro tipo de economía. En el modelo de la Comunidad Valenciana hay que hacerlo con mucho cuidado, porque ¿cómo afectará a la pequeña industria, va a tener capacidad de adaptarse? En principio son medidas buenas para la sostenibilidad, medidas de economía verde, pero van a afectar mucho más a población que tiene peores trabajos o que trabaja en industrias que están quedando obsoletas. Entonces, hay que estudiar bien a quién va a afectar y cómo minimizar ese golpe.
¿Y desde Cáritas qué acciones se llevan a cabo en este sentido?
Con el tema del ahorro energético hicimos formación para ayudar a la gente a interpretar bien el recibo de la luz y poder tomar decisiones para lograr un ahorro. Incluso con qué compañías, cómo poder comparar… Y aparte, nosotros pagamos muchas ayudas para el butano, recibos de luz, de agua, tenemos convenios para aplicar el bono social. También el pago de recibos de alquiler, que en los últimos tres años hemos multiplicado y desgraciadamente no llegamos. Vivir una familia entera en una sola habitación se ha normalizado. Hay que construir vivienda pública, esa es otra de las medidas que Cáritas pide también, y lo hemos hablado con la administración, sobre todo con la Generalitat. Hace falta vivienda y que se construya rápido y esté bien administrada. Porque solo poniendo limitaciones y topes a los alquileres no es suficiente.
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