
El plazo legal para la implementación en España del sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) ha llegado a su fin. Este domingo se cumple el periodo establecido para la puesta en marcha de una medida que busca revolucionar el reciclaje de envases de plástico, aún sin contar con operadores autorizados ni reglas definidas.
En noviembre de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) anunció que el porcentaje de recogida separada de envases de plástico de un solo uso se situaba en torno al 41 %, muy lejos del objetivo del 70 % marcado por esa cartera, lo que activó una cuenta atrás de dos años para la implantación de un SDDR.
La fecha prevista para su puesta en marcha era el 22 de noviembre de 2026; sin embargo, el día ha llegado sin que ninguna de las entidades aspirantes haya recibido autorización, lo que ha provocado que se marque otra fecha en rojo en el calendario: 2029.
El pasado mes de agosto entró en vigor el reglamento europeo de envases, que establece que los países miembros deberán garantizar para 2029 la recogida separada de al menos el 90 % de las botellas de plástico de bebidas mediante sistemas de depósito.
El presidente de la Asociación SDDR -una de las entidades postuladas-, José María Bonmatí, dice a EFE que «lógicamente» primará la regulación europea y ha aclarado que la fecha de noviembre de 2026 «no supone la puesta en marcha automática» del SDDR, ya que antes deben completarse varios trámites administrativos y normativos, empezando por la autorización de las entidades que lo gestionarán.
Las cuatro entidades operadoras que se han presentado lo han hecho en la Comunidad de Madrid, cuya Consejería de Medioambiente ha acusado al Gobierno central de «no cumplir los plazos que ellos mismos habían dado».
«La Comunidad de Madrid tiene todo preparado para dar las autorizaciones, pero está a expensas de un documento que depende directamente del ministerio (…) Nos han dicho que están trabajando para que el informe lo podamos llegar a tener a mediados o finales de enero», resaltó el pasado viernes el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Jorge Rodrigo.
La Asociación SDDR considera que esta autorización es imprescindible para determinar si el modelo contará con uno o varios operadores y para que las empresas puedan comenzar a invertir en un sistema que debe ser «universal, coordinado, homogéneo y sencillo».
La organización ha asegurado que, hasta que el sistema no esté operativo, «no se cobrará ningún depósito» a los ciudadanos.
El SDDR «más grande y complejo de Europa»
Además de estas complicaciones, el sistema de depósito español afronta un desafío logístico y de volumen que lo convierten, según los expertos, en el SDDR «más grande y complejo de Europa».
«Estamos hablando de un sistema que va a poner en marcha 17.000 millones de envases y cerca de medio millón de puntos de venta en un país con 94 millones de turistas y 8.000 municipios, de los cuales el 60 % tiene menos de 1.000 habitantes», explica el portavoz de la Asociación SDDR, Antonio Romero.
A esto se le suma la necesidad de coordinarse con Portugal, que estrenó su propio SDDR en abril de este año, y la convocatoria de elecciones del 29 de noviembre y el posterior proceso de formación de un nuevo Gobierno, que previsiblemente retrasarán el desarrollo normativo necesario, según ha advertido la Asociación SDDR.
Comienza una nueva cuenta atrás
Coincidiendo con el vencimiento del plazo, una encuesta de la Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa, que agrupan a más de 130 organizadores, refleja que el 89 % de la población española de entre 18 y 65 años considera que deben acelerarse los trámites para implantar cuanto antes el sistema.
Ambas organizaciones reclaman que se resuelvan las autorizaciones y proponen el 1 de enero de 2028 como fecha para el inicio del sistema, al considerar que el marco normativo actual ya permite avanzar sin esperar a un nuevo real decreto.
Por su parte, la Asociación SDDR ha asegurado que seguirá trabajando con las administraciones y los sectores implicados, aunque ha reconocido que por el momento no dispone de información sobre plazos concretos.
La llegada del SDDR español se antoja por tanto complicada y, con el primer plazo legal cumplido, la cuenta atrás de dos años se pone de nuevo en marcha como ya ocurrió en 2024, esta vez ya sin red de seguridad.
De no cumplirse los objetivos de la Unión Europea, las sanciones podrían ir desde multas administrativas y retirada de productos hasta pérdidas de acceso a la contratación pública.
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